A pocos días de la definición de las candidaturas y ya con las alianzas y partidos presentados ante la justicia electoral, una parte de las incógnitas han sido develadas. Finalmente sabemos ya cómo se han conformado los acuerdos para encarar la elección primaria. Sabiendo además los candidatos de la mayor parte de las fuerzas, solo resta conocer si Cristina finalmente será candidata o no. Ya habíamos dicho al respecto, que la dilación en la oficialización de su candidatura seguramente obedece a decisiones tácticas en relación a qué resulta más conveniente para achicar el tiempo de campaña y evitar ataques de la oposición. Y aunque existe un manto de duda sobre la voluntad de la presidenta de continuar ejerciendo la primera magistratura, esta incógnita será respondida en el termino de la semana que iniciamos. De modo tal que para cuando volvamos a encontrarnos en este espacio para volcar sobre el papel las impresiones de la semana política, ya tendremos a todos los participantes y sus vices en carrera.
Para nosotros, las fuerzas que componemos el Nuevo Encuentro, los pasados siete días se cerraron con la definición de la presentación de candidatos propios en el orden provincial, es decir de gobernador para abajo. El acuerdo para llevar la candidatura de Cristina a presidente, incluyo finalmente, la adhesión también a la lista de diputados nacionales. Aunque sabíamos que era una posibilidad, su concreción en el plano de lo real ha causado cierto malestar originado en la aspiración a más que tiene toda fuerza que quiere plantearse como opción de poder. Ahora, con la lista propia reducida a tres cuerpos hemos sido devueltos a la realidad de una fuerza provincial, que aunque está creciendo y se planta con fuerza en muchos lugares, no deja de ser eso: una fuerza provincial. La correlación de fuerzas no dio en esta oportunidad para más, debemos aceptarlo. Así lo entendemos nosotros. En todo caso, nos planteamos el desafió del crecimiento y el armado de fuerza propia como Mariano Moreno y como Nuevo Encuentro para que en los próximos años podamos negociar en mejores posiciones.
El tema de la semana es claramente el efecto del escándalo Schoklender sobre el escenario político. No solo porque afecta el panorama electoral del gobierno sino también porque arroja un manto de duda sobre todo el movimiento popular, especialmente sobre los organismos de derechos humanos y específicamente sobre las Madres. Para nuestra óptica particular, este segundo aspecto resulta fundamental, pero somos concientes que en el plano general el primero es más relevante de cara a las elecciones.
Esto es así porque por primera vez en bastante tiempo el gobierno nacional se encuentra a la defensiva. Hacía bastante que no se lo encontraba en esa posición, algo raro si se piensa que luego de la batalla por la 125 y particularmente después de las elecciones de medio tiempo en 2009 parecía que no duraría nada. Desde esa posición tan complicada supo construir una amplia ofensiva política profundizando gran parte de sus políticas. Ahora, a raíz del ya mencionado caso Schoklender y del también escandaloso affaire INADI, la oposición cuenta con campo abierto para avanzar y poner tintes oscuros al lanzamiento de la fórmula oficial atacando justo dos temas que han sido centrales en la propaganda oficial; los derechos humanos y la antidiscriminación. Y como siempre que se lo ha atacado, se ha visto al gobierno lento de reflejos: primero niega, deja pasar una semana sin reacción, luego intenta una justificación pobre y finalmente establece una política adecuada, que llega tarde y por regla general intenta salvar a los funcionarios propios. Si la oposición fuese más inteligente, seguramente lo aprovecharía, pero con lo que hay enfrente, el gobierno puede darse estos lujos...
Lo que más nos interesa, tanto en lo que hace a la pelea INADI como a la corrupción de Schoklender y compañía, es cómo afecta al movimiento popular, qué es lo que está por detrás de dos escándalos que afectan al centro de la propaganda oficial de carácter popular. Porque, en esto todos acordarán conmigo, de lo que se trata es de una crisis en el modelo de integración de los sectores populares al esquema de gobernabilidad diseñado desde el gobierno. Lo que está en juego acá es el debate sobre la cooptación de las organizaciones populares, la pérdida de la autonomía como organizaciones y la posibilidad del paso y las transformaciones de cuadros y organizaciones populares a cuadros y organizaciones estatales o, al menos gubernamentales.
El Movimiento de Derechos Humanos ya había discutido esto en otras oportunidades, en los ochenta de Alfonsín y en los noventa del FrePaSo y la Alianza. Nunca con la intensidad de esta etapa kirchnerista. En esos debates se fue construyendo en algunas organizaciones el criterio de que no es posible defender consecuentemente los derechos humanos cuando se es parte del mismo estado, ya que es el estado capitalista el principal violador de los derechos humanos. Esas mismas organizaciones fueron marginadas a segundos planos en el último tiempo, faltas de financiación y por tanto con grandes dificultades para afrontar todas las tareas del presente. En su lugar fueron puestas en primera plana aquellas organizaciones que se vincularon al estado, su financiamiento y su política a cambio de autonomía. Este modelo ha entrado en crisis no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino en todos los aspectos. ¿Quién puede decir que la crisis de la CTA no se explica, al menos en una parte, por esta lógica aplicada al plano de lo sindical? ¿Cuánto de esta reflexión podremos aplicar a las organizaciones de desocupados de los noventa que se encuentran hoy gestionando cooperativas, en muchos casos abandonando la formación de sus integrantes para proyectos de liberación? ¿Cuanto hay de esto en el caso de Rachid, su protagonismo al frente de la lucha por el matrimonio igualitario y este triste final propio de las vedettes de Tinelli antes que de militantes populares?
La cuestión a discutir parece ser, en este sentido, cómo articular las necesarias tareas de las organizaciones para ampliar la base de poder popular sin quedar presas de la cooptación del aparato Estatal y, por otro lado, cómo se produce el paso de cuadros y organizaciones a tareas de gestión sin quedar presos de la lógica Estatal–Capitalista de gestión de recursos. No está mal que las organizaciones sociales participen en política, se comprometan con uno u otro proyecto de país. Al contrario, hacerlo implica saltar una de las barreras más importante que construyó la dictadura y utilizó el neoliberalismo para impedir el avance popular. Pero el problema es cómo hacerlo. Para desdramatizar diremos que en general, este ha sido el problema del movimiento popular en todos los procesos avanzados que se han dado en la historia de la modernidad, desde la revolución francesa hasta la actualidad y especialmente en la Revolución Rusa. Es lógico pensar que también, entonces, afecte al movimiento popular y su relación con este proceso reformista.
Milton Bell
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